A propósito de la crisis por el coronavirus COVID 19, en la quinta economía más grande del espacio económico de América Latina se ha abierto el debate -por parte del presidente Martín Vizcarra y autoridades económicas- respecto al diseño de una reforma del sistema previsional que es operado principalmente por firmas  gestoras de activos y fondos conocidas en la región como administradoras privadas de pensiones o AFP.

Antecedentes

El sistema AFP ingresó a Sudamérica vía Chile en los años 80 del siglo pasado, y como parte de un modelo mercantilista de negocio favorecido en la dictadura militar de extrema derecha de Pinochet.

Y bajo el amparo de recetas neoliberales representadas por una corriente doctrinaria económica de derechas nacida en las aulas de la Universidad de Chicago, y cuyo teórico fue el economista Milton Friedman de poco feliz recordación en muchas economías globales y regionales.

En el Perú, el modelo chileno se replicó tras una década de operar en aquella nación andina, y nuevamente bajo la tutela de una pseuda dictadura –la del expresidente y ahora en prisión por robo y asesinato Alberto Fujimori- y con la participación de su exministro el fallecido economista Carlos Boloña Behr.

Boloña Behr –impulsor del sistema AFP y director de estas firmas- estuvo según la historia económica reciente y en reporte fiel, acusado en dos procesos por corrupción; y uno de ellos por destinar dinero del tesoro peruano al ex asesor de Fujimori Vladimiro Montesinos igualmente en prisión por robo, asesinato, secuestro y tortura.

Ese fue el "ecosistema" que precedió a esta industria. 

Números

Tras tres décadas de existencia, el modelo de AFP en el Perú ha sido cuestionado desde hace aproximadamente siete u ocho años.

En 2017, un estudio encargado por el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] daba cuenta de la necesidad de reformular el esquema previsional en la economía andina.

El dato. AQUÍ puedes descargar el estudio del MEF proponiendo una reforma de pensiones.

Por aquel entonces el Fondo Monetario Internacional [FMI], liberó un trabajo que indicaba que las comisiones cobradas por las firmas gestoras a los aportantes [trabajadores y trabajadoras dependientes y formales que conforman alrededor del 20% del mercado laboral local [que ata de una informalidad y precariedad importantes] eran altas para la región.

En tanto la tasa de traslado, o aquella que forma parte de la pensión tras la jubilación, una de las más bajas.

Actualmente y según la autoridad reguladora, la cartera o activos bajo gestión de las AFP suma alrededor de US$ 49.000 millones de los cuales cerca de la mitad son colocados o expuestos al mercado de valores local –que es muy poco diversificado, profundo y líquido- y el restante en el mercado extranjero.

Siendo el número de aportantes de casi ocho millones de personas, de estos, unos tres millones no aportan por estar desempleados.

Por qué es una mala idea

La propuesta por parte del Congreso de destinar –ante la crisis de liquidez provocada por el ciclo recesivo atípico del Perú por la COVID 19- corresponde en nuestra opinión a una iniciativa anti técnica y demagógica.

La propuesta de retirar el 25% de la cuenta individual de la AFP carece de sustento técnico, y responde a intereses particulares y populistas.

Las AFP ante la necesidad de provocar que sus portafolios registren liquidez para ser redimidos en un 25%, tendrán que salir a vender a precio de saldo porque el mercado las castigará porque éste entiende que la firma gestora está colgándose a liquidaciones.

Los precios de los activos anotarán retrocesos, y ello golpeará el 75% del remanente de las cuentas individuales.

Lo anterior sumado a los recortes de semanas atrás por la volatilidad de los mercados locales y globales por la COVID 19 decanta en una desvalorización de nuestros saldos perjudicando nuestra capacidad de contar con un saldo para –en el futuro- adquirir un terreno, casa, capital de trabajo o pagar deudas.

La industria de la AFP es una industria mercantilista, cortoplacista y tóxica que hemos soportado con resiliencia los peruanos y peruanas.

Necesitamos un sistema previsional que sí resuelva los verdaderos problemas pensionarios en función al largo plazo y que incluya una propuesta para combatir pobreza, informalidad y precariedad laboral. 

Y estas dimensiones están ausentes en las propuestas del discurso del Congreso.

No necesitamos agendas demagógicas, populistas y politiqueras. Necesitamos reformas justas y con visión de país.

El dato. Paquete de gasto histórico.