El proyecto en Brasil –redefinición clave para “rescatar” de la mala racha traducida en recortes de popularidad del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro- ingresó en animación suspendida tras ser debatido en la Cámara Baja del Legislativo.
La reestructuración del sistema tiene un ahorro previsto para la próxima década –cálculos oficiales- de alrededor US$ 407.150 millones en un contexto donde analistas independientes no están seguros del cómputo, por un lado; y por otro, donde la preocupación se centra en la salud fiscal de esta economía que no consolida la salida aún de la recesión 2015 y 2016.
Economistas expertos en finanzas públicas echaron mano a sus hojas de cálculo y concluyeron que la proyección oficial "se fue de boca", algunos dicen que –a lo mucho- se alcanzará la mitad del estimado oficial.
El frente político no es mejor. El Congreso resulta hostil para un Bolsonaro que está pagando la factura de sus bravatas cuyo punto culminante no se dio en Brasil: fue Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, quien le dijo “no” al excapitán del ejército conocido por su discurso reaccionario contra minorías, igualdad y derechos humanos.
De Blasio simplemente le negó el ingreso a Nueva York por considerar a Bolsonaro un bully nato.
El presidente y su ministro de Economía –Paulo Guedes- aseguran que de no aprobarse la redefinición previsional, la primera economía de América Latina terminará siendo una suerte de “Argentina” no tendiendo recursos fiscales para solventar la atención de los brasileros.
Y es un milagro que no hayan dicho “Venezuela”.
Tampoco se sabría con certeza qué sistema podría adoptarse en forma complementaria al sistema público brasilero. Desde el Gobierno hay voces que desean un modelo chileno o peruano de administración privada de fondo de pensiones o AFP.
El problema es que ambos esquemas –el chileno y peruano- han probado no registrar una política a largo plazo que combata las bajas pensiones donde destaca una rentabilidad austera en la gestión de portafolios.
Ello en un contexto de precariedad laboral, candados para acceder al fondo antes de tiempo en caso de desempleo o invalidez y nula capacidad de las AFP de generar modelos que combatan pobreza y desigualdad en sus economías.
Y lo más crítico: el modelo “andino” no ha podido tras cuatro décadas de operación efectuar un traslado eficiente del fondo de jubilación hacia una pensión medianamente decente.
Con cifras de Fundación Sol de Santiago, la media en Chile -al 2017- de la tasa de reemplazo sueldo versus pensión de jubilación es del 19% o US$ 189 por mes. Nada.
Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional [FMI] y premios nobel de Economía criticaron y recomendaron –también- una reforma y hasta desmantelar la industria de AFP en Chile y el Perú.
“No funciona allá [Chile y Perú] que son pequeñitos y con mercados más sencillos, va a funcionar acá que somos unos monstruos”, comentó una amiga trader desde un banco de inversión en Sao Paulo.
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