De acuerdo con datos liberados por Cuarto Poder y con fuente -se entiende- en las mismas empresas concesionarias, la facturación total entre el 2013 y cierre del 2018 de éstas registró la millonaria venta de S/ 1.559 millones y S/ 1.039,8 millones para LAMSAC y Rutas de Lima respectivamente. 

Ello para una media entre ambas firmas -según datos de las concesionarias- de tan sólo 70 km de recorrido cobrado por uso o ticket de peaje. 

Tanto el origen de LAMSAC como de Rutas de Lima se ubica históricamente vinculado a OAS y ODEBRECHT respectivamente. 

No obstante, las empresas operan actualmente -según ellas mismas señalan- divorciadas de las acusadas por soborno OAS y Odebrecht.

De momento y desde el frente legal sí es posible cancelar los contratos y adendas de las concesionarias según una cláusula que indica la culminación de los acuerdos "si afecta el interés público" y es a través de un peritaje que evalúe el daño contra este interés el mecanismo de desmantelamiento. 

La pregunta no es entonces si se puede o no cancelar los contratos. 

La pregunta es ¿para qué? y sobre todo qué tan "viable" es para beneficio de los limeños.