En 2014, la patronal empresarial estaba contenta con los códigos laborales, ambientales y fiscales.

No obstante, la felicidad les duró poco, pues desde el 2016 se viene pidiendo no sólo el fortalecimiento de la norma antierosión fiscal XVI del Código Tributario, sino el diseño de una modificación que permita recuperar la fiscalización tributaria.

Fiscalización muy venida a menos por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria [Sunat], sobre todo para desmantelar una brutal impunidad desde la gran empresa en desmedro de la pequeña y mediana empresa y de los trabajadores.

Tras cinco años –y cartas van cartas vienen desde los gremios empresariales hacia el Ejecutivo- ayer y desde el Gobierno se presentó el decreto supremo que fija y regula los alcances de la ley ANTIELUSIÓN. 

Una norma que de ser aprobada por el Congreso permitirá -de acuerdo con cálculos liberados por el premier Del Solar- un ingreso a la caja fiscal de entre S/2.500 millones y S/6.000 millones por año.