El plan que pretende cambiar los códigos laborales de la economía local encarnado en la Política Nacional de Competitividad y Productividad [PNCP], tiene un espíritu poco democrático al haber diseñado desde el empresariado y -simultáneamente- dejando de lado a los trabajadores.

Y es que toda reforma laboral debe combatir precariedad en el trabajo, informalidad y pobreza pero con el concurso no sólo de la patronal empresarial. Trabajadores y Gobierno también son claves de cara a abrir espacios institucionales. 

El Consejo Nacional del Trabajo [CNT] podrá articular a los actores de este cambio, y con el objetivo -entre otros- de lograr que la remuneración mínima vital [RMV] por ejemplo pueda ajustarse cada dos años pues en casi dos décadas la RMV ha aumentado tan sólo ocho veces hasta los US$ 281 actuales.