¿Puede un mecanismo constitucional colapsar la economía local? ¿Podemos hablar de “crisis política” al apelar a instrumentos democráticos? ¿Se recortarán inversiones y actividad?  

La respuesta es NO.

El combate contra la corrupción, el desmantelamiento de la informalidad y la construcción de instituciones fuertes que choquen con una clase política delictiva y cómplice de autoridades deshonestas que no desea cambios ni reformas generan mejor hábitat para hacer negocios en cualquier economía.

Ello a propósito de la decisión del pasado 29 -al cierre del trading y forex online así como de los mercados de acciones hecha por el presidente del Perú, Martín Vizcarra- de plantear una cuestión de confianza contra un Congreso dominado por el fujimorismo: agrupación de oposición heredera del ahora preso por robo, asesinato y secuestro Alberto Fujimori.

La hija de éste y excandidata, Keiko Fujimori, se encuentra en prisión preventiva por el caso Odebrecht.

Voces vinculadas a los gremios de empresarios, muchos de estos cercanos al fujimorismo y a sus legisladores de inmediato salieron –antes, durante y seguramente después- a objetar la maniobra de Vizcarra.

María Isabel León presidenta de la CONFIEP –en reemplazo de Roque Benavides, quien no oculta sus simpatías hacia el fujimorismo- dijo que el ruido político golpeará a la inversión privada, apuntó quien fuera coordinadora [asesora] técnica de educación del fujimorista Fuerza Popular en el 2016 durante la campaña electoral de la ahora en prisión Keiko.

Como Benavides, la lideresa de la patronal empresarial local no oculta su vocación naranja al decir que -a propósito del uso de la cuestión de confianza- “las decisiones de los poderes del Estado deben ser respetadas” como citó La República esta semana.

Más allá de los números duros [ver gráfica y cuadro] que confirman el divorcio entre lo “económico” y este hábitat que busca generar –justamente- confianza en los mercados, hablar de “pérdida de inversiones y el estancamiento de nuestra economía nacional” sin contar ni el número duro y menos la historia completa es osado.

Los espacios y tiempos [técnicos y no] para la gestación de las inversiones privadas tienen un ritmo determinado que efectivamente lo fija “el ruido político” pero también las señales que combaten este ruido. Una de estas señales es la búsqueda de la institucionalidad republicana.

Mejores signos de democracia e institucionalidad, mejores negocios.

Interesante y curioso que líderes empresariales no se hayan aprendido lo anterior.

De momento y con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] y desde el Banco central de Reserva [BCR], el saldo de inversión privada pendiente proyectada para el ciclo 2019 a 2021 suma US$ 9.800 millones, de estos 50,8% corresponden a minería donde podemos ubicar Quellaveco, Mina Justa, Toromocho, Michiquillay y Cerro Corona. Cupríferas y polimetálicas.

Proyectos que tienen sus procesos de maduración propios de dimensiones técnicas, que nada o poco tienen que ver con la activación de una herramienta democrática.

"...hablar de “pérdida de inversiones y el estancamiento de nuestra economía nacional” sin contar ni el número duro y menos la historia completa es osado..."

De lo que no hablan las cabezas gremiales es de la inversión pública. Curioso.

De acuerdo con el MEF y BCR las obras de reconstrucción, Juegos Panamericanos, Línea 2 y modernización de Talara suman US$ 7.355 millones.

¿Mucho de este gasto de capital desde el Gobierno Central se ha topado con los bemoles que desde el Legislativo [fujimorista] decantó en obstruccionismo?

Recordemos al exministro Thorne [MEF] tocarles la puerta en el Congreso en el 2017 para solicitar facultades de cara a extender el déficit fiscal [por encima del 3,0% del PBI] y así poner en marcha la maquinaria de inversión pública, empleo y renta.

Un proyecto republicano o una utopía republicana [usando términos de Carmen McEvoy] no se construyen –desde el empresariado- con un discurso político que defiende corruptos, blindajes de jueces que negociaban sentencias de violadores de niñas, lavado de activos y oscuras donaciones de campañas.

Los empresarios y empresarias del Perú tras dos siglos de independencia deben divorciar el “discurso e intereses políticos” de los objetivos morales relevantes para un mejor clima de negocios y desarrollo de mercados: combatir la corrupción, luchar contra la informalidad y construir instituciones democráticas y republicanas sanas y fuertes.